Es un medio de control de legalidad: permite revisar la legalidad de los actos administrativos.

Es especializado: lo resuelven tribunales administrativos con jueces expertos en la materia.

Es formalista: requiere que la demanda cumpla con ciertos requisitos y plazos estrictos.

Puede derivar en la anulación del acto administrativo: si se demuestra su ilegalidad.

Tiene plazos definidos: tanto para la interposición como para la resolución.